Cristina Fernández de Kirchner Foto Senado de la Nación Argentina Wikimedia Dominio Público
El Supremo argentino confirmó este jueves la orden de detención dispuesta por un juez federal contra la expresidenta Cristina Fernández, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a una mutua judía en 1994, pero no se hará efectiva por estar aforada.
La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por la actual senadora contra la orden de arresto dictada por el juez Claudio Bonadio en diciembre de 2017, cuya ejecución el Alto Tribunal supeditó al resultado del pedido de desafuero ya cursado al Senado, que todavía no ha prosperado.
Con la firma de sus cinco integrantes: Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, el Supremo desestimó el recurso por considerar que no se dirige contra una sentencia definitiva.
Ya la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Corrección Federal había confirmado el procesamiento con prisión preventiva de la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), y fue por eso que ella presentó un recurso extraordinario a la Corte.
El Supremo también rechazó hoy un recurso de queja presentado por el ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli, otro de los procesados en el expediente.
Fernández, jefa de Estado entre 2007 y 2015, y varios miembros de su Gobierno y otros colaboradores están procesados por presunto encubrimiento agravado, mediante un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a una mutua judía en 1994, que dejó 85 muertos y sigue impune.
El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra el anterior Gobierno, cuatro días antes de aparecer muerto, con un tiro en la cabeza, en condiciones que aún se investigan en los tribunales y que apuntan a que el procurador fue asesinado.
Nisman aseguraba que un pacto suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba realmente encubrir a los imputados como sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.
Bonadio, que ya encabeza otras causas contra Fernández, pidió detener, entre otros, a la expresidenta al considerar que puede entorpecer el caso.
También solicitó su arresto tras procesarla en la conocida como "causa de los cuadernos", en la que se investiga una presunta red de sobornos entre poderosos empresarios y ex altos cargos del kirchnerismo.
Sin embargo, la detención dependerá de que sus compañeros en el Senado decidan si votan o no contra ella.
La Cámara Alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández, muy fragmentada, deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad a Fernández, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.
Por el momento no se atisba que el desafuero pueda prosperar, debido a la posición histórica del peronismo tradicional de solo quitar los fueros cuando hay una sentencia firme.
El atentado contra la AMIA, que es atribuido a Irán y al grupo terrorista chií Hizbulá, fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer. EFE y Aurora

Foto: REUTERS / Martin Acosta
El juez argentino Jorge Tassara, uno de los magistrados que iba a participar del primer juicio contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), falleció mientras estaba de baja por una operación de corazón a la que fue sometido en febrero, informaron este miércoles a Efe fuentes judiciales.
Tassara era uno de los jueces asignados en la causa contra, entre otros, la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y el ya detenido empresario Lázaro Báez, que comenzará el 21 de mayo próximo.
La enfermedad del magistrado fue el motivo por el que hace unas semanas el tribunal decidió aplazar el inicio del juicio, en el que se juzga el supuesto amaño en las adjudicaciones, durante el kirchnerismo (2003-2015) para la construcción de carreteras en la provincia patagónica de Santa Cruz, de la que Kirchner fue gobernador entre 1991 y 2003.
Se investiga el presunto direccionamiento de obras públicas a la empresa de Báez, por la firma de 52 contratos por un valor actualizado de 46.000 millones de pesos (unos 1.155 millones de dólares).
El Tribunal Oral Federal encargado de este caso había designado como suplente al juez Andrés Basso, pero finalmente optó por aplazar el juicio porque no alcanzaban los tiempos procesales para definir antes de que comenzara el proceso, previsto para el 26 de febrero, si ese magistrado podía reemplazar a Tassara hasta que éste se recuperara.
Tassara era también uno de los jueces asignados en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán en la investigación del atentado a la mutual judia AMIA, en la que también está imputada la senadora y ex presidenta Fernández de Kirchner.
El memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán se firmó en 2013 para juzgar de manera conjunta el atentado a la AMIA en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos.
El tratado de cooperación entre ambos países fue denunciado por el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, al considerar que la entonces mandataria y parte de su equipo había impulsado el acuerdo, no para aclarar el ataque terrorista, sino para encubrir a los sospechosos iraníes, entre ellos ex altos cargos del país persa, a cambio de favorecer el intercambio comercial bilateral. EFE